Por definición, Paraguay es un país pequeño y abierto. Por eso, el crecimiento debe darse hacia afuera, vía exportaciones. En este sentido, los objetivos primordiales de una política exportadora deben ser exportar valor agregado, diversificar los productos de exportación y diversificar los mercados.

Para exportar, Paraguay necesita producir a precios competitivos, y la infraestructura es clave para lograrlo. Los organismos internacionales señalan que el déficit de inversión en infraestructura equivale a entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. El Estado, en las condiciones actuales, no tiene capacidad de recaudar mucho más ni de seguir endeudándose. El único camino es la inversión privada en infraestructura, sensible a la seguridad jurídica.

Nuestro principal problema de seguridad jurídica sobreviene hoy de la concentración del poder político y de la falta de independencia de los tres Poderes del Estado. Incluso instituciones antes consideradas independientes y sólidas, como el Banco Central del Paraguay, hoy están influenciadas por ese poder concentrado.

La seguridad jurídica es responsabilidad de los tres poderes del Estado.

Claro que la estabilidad macroeconómica es indispensable. Esa estabilidad debe ser coherente; los desequilibrios en el tipo de cambio, como el que registramos ahora, no contribuyen a la competitividad de las exportaciones.

Un siguiente factor, y no precisamente en orden de importancia, son los impuestos bajos y simples. Acá estamos entre los campeones, fruto del acuerdo político de 2003. Ese acuerdo incluía la reforma del Estado, pero no generó cambios sustanciales en su funcionamiento. Los políticos ignoraron olímpicamente esa parte del texto comprometido.

Un factor vital es la productividad laboral. Esta tiene como base la capacitación, la educación y la cultura del trabajo, quizás uno de los mayores desafíos para el país.

La baja productividad laboral del sector público es un freno al desarrollo. Con el perdón de los buenos y responsables empleados públicos: trámites costosos, funcionarios poco capacitados y salarios promedio superiores al sector privado caracterizan a la burocracia.

Y no es que el funcionario sea el único responsable. La responsabilidad primera es de la clase política, la élite gobernante y los gerentes públicos.

En el sector privado conviven dos realidades. Por un lado, el asalariado formal, que sostiene buena parte de la productividad laboral pese a déficits educativos y de capacidades que muchas veces corrige la empresa. Por otro, los independientes y trabajadores informales, el grupo más vulnerable, que sobrevive con ingresos de subsistencia, sin seguridad social ni educación pública de calidad. Sin una reforma educativa y técnica profunda, seguirán siendo los condenados del sistema.

Y hablando de baja productividad, lo que menos necesitan estos sectores, el empleo privado y la iniciativa privada son más feriados improvisados, aunque todos hayamos celebrado la victoria albirroja.

Hasta aquí, nuestra baja productividad tiene causas claras: déficit de infraestructura; falta de seguridad jurídica; macroeconomía estable como condición, pero hoy con déficit fiscal y tipo de cambio desequilibrado; empleo público ineficiente y costoso; una reforma impositiva eficaz, pero sin reforma del Estado; empleo formal privado limitado por la calidad de la oferta laboral; educación pública pésima, al punto de que, según el ministro de Educación, “7 de cada 10 maestros no entiende lo que lee”; y sectores excluidos del sistema formal, obligados a sobrevivir con ingresos insuficientes y condenados por la falta de igualdad de oportunidades.

Así las cosas, la pregunta es: ¿cómo salimos de esta situación que nos condena a la concentración de riqueza y a la inmovilidad social?

Rápido y corto: necesitamos voluntad política y un grupo de valientes en las élites del sector público y privado. Necesitamos una revolución en la educación que, además, nos permita exportar conocimiento, innovación y servicios de mayor valor agregado al mundo.

La calidad de la burocracia debe ser una obsesión. La tecnología nos da una ventana de oportunidad en este sentido, todavía desaprovechada por el Estado.

Todos bajo las leyes: independencia de poderes, combate a la corrupción y la impunidad, así como a la delincuencia en todas sus formas.

Necesitamos un Estado pequeño, eficaz y eficiente, capaz de sostener la cancha nivelada para que cada paraguayo pueda ser artífice de su desarrollo.

Las esperanzas ya están puestas en el 2028, pero el trabajo es de ayer, de hoy y de mañana. De todos los que queremos un mejor Paraguay.

Beltrán Macchi, past president de la ADEC

Enlace digital ÚH: https://www.ultimahora.com/paraguay-y-su-encrucijada-competitiva